Vacunarse

 

Tal vez pueda ser desmentido muy rápidamente pero no recuerdo algún episodio en la historia humana reciente en el que una vacuna esté lista en los tiempos que demanda la política en vez de serlo en los tiempos en los que la ciencia lo hace posible.

Contra lo que se ha expresado, los mandatos de confinamiento al que los gobiernos han acudido para enfrentar la pandemia de Covid-19 obedecieron más a razones económicas que sanitarias. Fue por la escasez de recursos sanitarios que se intentó contener los contagios o mitigarlos, porque siempre se supo que la salud de la población no solo consiste en evitar enfermarse de algo sino llevar una vida saludable. El que tenga dudas sobre este punto no tiene más que buscar la archiconocida definición de salud que pregona la OMS.

Luego de muchos meses de confinamiento está muy claro que los efectos de este remedio son peores para la población que la propia Covid-19. Tal vez el año próximo conozcamos estadísticas más precisas, o más confiables o con ninguna de esas dos características sobre la carga de mortalidad que han sufrido los países debido a la pandemia causada por el coronavirus, para evaluar si ha sido mayor, igual o menor que en otros años. De lo que podríamos estar seguros es que nadie quiere volver a repetir en su vida lo que vivió en 2020.

Casi en forma unánime, los gobiernos del mundo han puesto en la vacuna la esperanza de recuperar la vida que teníamos hasta antes de la pandemia, es decir, sumarán un nuevo error a todos los que vienen cometiendo.

Si algo se sabe acerca de la infección por SARS-Cov2 y de la Covid-19 es que aún se sabe muy poco. Y si algo se sabe de las vacunas es que necesitan varios, no menos de cinco, años para comprobar su eficacia o, en todo caso, su inocuidad.

Pero estos no son tiempos que la política esté dispuesta a tolerar. Todos los gobiernos quieren transformar a la vacuna en el salvoconducto necesario para volver a una vida normal. No importa si la vacuna sirve o no. Eso formará parte de una controversia que sólo estará en los journals especializados.

Ningún medicamento ni intervención médica está libre de riesgos, de allí el famoso “Ante cualquier duda consulte a su médico”, que debería completarse con el más prudente “Ante cualquier médico consulte a su duda”, porque cuando se trata de la propia salud o la de un ser querido conviene decidir de la forma más informada posible.

Muy probablemente los ciudadanos sólo nos enteremos por medio de la letra chica de los riesgos que conlleva para cada uno aplicarse la vacuna contra la Covid-19. Y se debe prestar atención en el “para cada uno” ya que  “para cada uno” también es diversa la suerte que se corre al infectarse con el coronavirus.

Lo mejor que podemos hacer en los tiempos inmediatos por venir es estar alerta e informados para no caer nuevamente bajo los designios de los arrogantes que jamás pagarán por sus errores.

¿Quién salva al estado?

Como todas las personas, tengo mis días. Cuando me levanto optimista creo que la Argentina es un país al borde del colapso y cuando me levanto pesimista creo que ya no tiene ninguna posibilidad de arreglo.

Aunque lo parezca, no se trata sólo de una forma de decir, es un enunciado científico: “Un país al borde del colapso” requiere explicar qué es un país, qué es un borde y qué es un colapso.

Un país es un conjunto de normas jurídico administrativas que regulan la vida de una población dentro de un límite territorial. De modo que para que pueda decirse de una entidad que es un país debe haber una población que respete esas normas y una autoridad efectiva que las haga cumplir dentro de sus fronteras.

Cualquiera podrá advertir que el cumplimiento de las normas admite un amplio rango de matices. Uno se da cuenta que entró a algún país cuando en las fronteras le es requerida una identificación, para lo cual su propio país de origen tiene que haber emitido una. Es una cuestión sencilla, como la de ver una bandera ondeando.

En otras ocasiones no es tan simple. Cuando una persona está encarcelada por robar un celular y otra está libre habiendo robado varios millones de dólares, o cuando alguien es perseguido por la Agencia de Recaudación por cambiar su moneda por dólares mientras que otros compran empresas con el dinero de la Agencia de Recaudación sin sufrir ningún sobresalto uno puede llegar a dudar si se encuentra adentro de un país o de alguna otra cosa que habrá que definir qué es.

Lo que he leído sobre la historia de la Argentina me permite conjeturar que, en todo caso, a duras penas este territorio puede ser considerado un país. Desde la declaración de la independencia se ha luchado para establecer las fronteras y establecer normas aplicables en todo el territorio a todas las personas por igual. La Constitución Nacional de 1853 y el proyecto de la Generación del '37 fue tal vez el intento más serio por conseguirlo.

Mi discutible opinión es que lo más parecido que fuimos a un país se produjo con el experimento fascistoide conducido por Perón.

Su proyecto de una sociedad organizada por las corporaciones, todas dirigidas por un estado omnipresente y eficaz fue el intento que estuvo más cerca de lograr la ansiada organización de nuestra sociedad.

Ya sabemos que por defectos intrínsecos al fascismo y porque el mundo tomó el rumbo hacia una apertura a la que el peronismo le dio la espalda, este intento fracasó. Desde el final del primer gobierno de Perón, la Argentina se desliza por un tobogán sin fin.

El todopoderoso estado peronista dejó de ser, si alguna vez lo fue, el ordenador de la vida social. Lenta y persistentemente el estado argentino se fue transformando en el coto de caza de diversas mafias que se han ido apropiando de los sellos estatales para hacer sus negocios particulares.

Ningún organismo del poder ejecutivo escapa de la agresión mafiosa, no importa el área que se mire, sea la obra pública, la salud o la educación. La disputa entre facciones se resuelve multiplicando las dependencias, aumentando el gasto público y creando regulaciones para asegurarse el botín.

Los otros poderes de la supuesta república no escapan de la debacle. Los legisladores son levantamanos que se venden al mejor postor y la justicia, último bastión del derecho de los ciudadanos, ha sido cooptada por jueces venales, nombrados justamente porque son fácilmente corruptibles.

No hay funcionario público de jerarquía que pueda justificar su nivel de vida con el ingreso que percibe por ejercer su función. Toda la población lo sabe y mira distraído para otro lado como el perro al que le están robando un hueso.

El producto de esta decadencia es el repetido default en todas las áreas: el estado no paga sus deudas, se roba el dinero de los jubilados, no realiza las obras que enuncia, los asentamientos irregulares miserables y el narcotráfico proliferan y no se protege la vida de las personas. Cada vez son menos los que pagan impuestos y los que producen algo. Los argentinos que pueden se llevan sus ahorros y también sus cuerpos a otra parte.

Nada de toda esta abyecta realidad puede ser disimulada con los artilugios lingüísticos políticamente correctos y el lenguaje inclusivo, absurdos entretenimientos para no mirarse en el espejo.

Los liberales preferimos un estado lo más pequeño posible porque aprendimos que cuanto más grande es el estado más peligroso puede ser para los individuos. Pero sin un estado que sea capaz de cumplir con su obligación de garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos no habrá nación sobre la cual asentar el progreso. Antes que atacar constantemente al estado bien haríamos si nos dedicáramos a construirlo.

Una estructura colapsa cuando ya no tiene posibilidad de reconstruirse. El país que llamamos Argentina está a punto de colapsar, o tal vez ya haya colapsado.

Lo veo de una u otra manera según me sienta optimista o pesimista. Depende de cómo haya dormido.

Elites. Entre el estado y el individuo.

Acaso la idea más revolucionaria de la historia haya sido la de “coordinación espontánea” de Adam Smith. El hecho de que cada individuo actuando de acuerdo a su interés personal promoviera sin proponérselo el bienestar general de la sociedad no tiene antecedentes.

En efecto, hubieron de darse determinados acontecimientos históricos, especialmente desde el Renacimiento, para que en occidente lentamente fuera desarrollándose la idea del individuo como dueño de su voluntad y se le reconociera su autonomía, bases sin las cuales no tiene sentido la idea de interés personal.

Los cambios tecnológicos promovidos por la Ilustración provocaron una mejora explosiva en la productividad. Gradualmente los hombres se trasladaron a las ciudades y se especializaron en sus habilidades. La especialización agregó a la autonomía la interdependencia. El correlato social de estos cambios se ve en el surgimiento de la burguesía, la expansión del comercio y el resquebrajamiento del orden feudal.

Pero lejos de que esta revolución liberal se afianzara, casi desde su surgimiento comenzaron a aparecer grupos de poder que intentaron limitar las libertades individuales. Las guerras civiles y las dos guerras mundiales sucedidas entre los siglos XIX y XX son producto de estas contrarrevoluciones.

La idea popperiana de “sociedad abierta”, estandarte del liberalismo, funciona más como una petición de principios que como la descripción de alguna sociedad actual.

Es que, en general, los hombres queremos gozar de los beneficios de la libertad sin pagar su precio. Ser libre significa asumir la incertidumbre, promover la igualdad ante la Ley y tolerar la desigualdad en los resultados. A cambio, cada uno puede construir lo mejor que pueda su destino.

El poder del monarca dio lugar en la modernidad al poder del estado, mucho más determinante que aquél, cuyos paroxismos vimos en los estados totalitarios del siglo XX.

En occidente, en el presente siglo quedan pocos estados totalitarios (Cuba, Venezuela, Nicaragua, algunos en África) pero en el mundo los sigue habiendo en países muy importantes. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, son los ejemplos más claros.

También se observan fenómenos más matizados. Ni la democracia liberal, con su sistema republicano de pesos y contrapesos, con participación ciudadanos libres y autónomos y gobiernos limitados, ni estados totalitarios, reflejan totalmente el estado de cosas institucional.

En su lugar, observamos un híbrido, un reparto del poder mediado por diversos tipos de organizaciones que buscan apoderarse de determinados privilegios.

Estas organizaciones tienen en común su naturaleza extorsiva. El principio de igualdad ante la Ley no es un valor a defender, o en todo caso, es secundario a la objetivo de conseguir alguna ventaja sobre los demás. Lo mismo sucede con la Constitución, que puede ser desobedecida mediante cualquier ley que la reglamente.

La sociedad, entonces, queda gobernada por las oligarquías, que condicionan a las administraciones tanto como a la libertad de los individuos. El estado conserva nominalmente el monopolio de la fuerza y la capacidad de cobrar impuestos, pero las oligarquías le imponen el dónde, cómo y cuándo utilizar la fuerza o la recaudación.

Las oligarquías se presentan como mediadores ente el individuo y el estado, siempre van a mostrarse a los demás como propietarias del bien común y en defensa de toda la sociedad. Pero se administran mediante estructuras jerárquicas rígidas y sus elites son difícilmente reemplazables.

Se oponen a cualquier cambio que ponga en peligro el statu quo. La relación entre ellas es de tipo mafioso, negocian hasta el punto de su propia conveniencia e intentan siempre pasar los costos a terceros.

Los individuos autónomos están desolados. Por eso, el incentivo es incorporarse a alguna de ellas, incluso al costo de perder la autonomía.

El resultado es que la sociedad es gobernada por una red de colectivos. La legalidad depende del poder de cada uno para imponer sus designios. La sociedad oligárquica no tolera la disidencia ni el pluralismo. Los debates se transforman en diálogos de sordos.

A las tradicionales oligarquías representantes de distintos gremios como son los sindicatos y las cámaras empresariales y, por supuesto, la banca, los partidos políticos y la prensa,  se agregan constantemente otras:  colectivos de género, desocupados, ambientalistas, asociaciones de “derechos humanos”, etc.  Incluso algunas logran enquistarse en estamentos de los poderes públicos imponiendo sus reglas, como las de los jueces, policías y docentes.

El punto en común entre ellas es que todas exceden los objetivos de sus reclamos o estatutos particulares y buscan establecerse como un referente permanente en la lucha por el poder.

Algunos podrán ver con agrado esta alternativa frente al poder totalitario concentrado en el estado. Las oligarquías pueden poner un dique.

Otros verán que los individuos, subyugados por las oligarquías, pierden su autonomía y su libertad y, a cambio de una falsa seguridad, se vuelven frágiles frente a cualquier acontecimiento que suceda en sus vidas.

Cuando uno sufre pequeños desarreglos cotidianos aprende cómo enfrentarlos y está preparado para desafíos mayores, en cambio, cuando nunca sale de la zona de confort que le ofrece su colectivo se torna absolutamente vulnerable a los cambios.

Las crisis en las sociedades menos reguladas se sufren menos y duran menos tiempo. Todo lo contrario ocurre en sociedades anquilosadas. Pequeños ajustes son preferibles a grandes cambios.

La uberización de la vida social a algunos los excita y a otros los aterra.

La oligarquía ofrece un escenario de falsa estabilidad, favorece a las burocracias que se enquistan y encarecen cualquier procedimiento.

¿Es cómoda la vida con este orden social? ¿Es, acaso, una forma deseable de controlar el poder por medio de la dispersión? Por último, ¿es esta una configuración estable de la sociedad?