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domingo, 17 de diciembre de 2017

Reprimir en democracia.



Para los argentinos parece ser un oxímoron, un concepto cuyos términos se contradicen.

Para seguir adelante hace falta la aclaración de lo que significa, al menos para mí, vivir en democracia.
Los sistemas democráticos se caracterizan por estar sustentados sobre la base de un amplio consenso de la población en torno de algunas reglas básicas: gobiernos electos en forma popular en elecciones libres, amplia libertad de expresión, protección de los derechos individuales de las personas, protección de la propiedad y  libertad de asociación. Hay muchas expresiones y matices dentro de lo que se puede incluir en el campo de las sociedades democráticas hasta llegar a su opuesto, los sistemas autocráticos de gobierno, con características también matizadas pues muy pocos gobiernos se jactan de ser autocráticos, al menos en occidente. En las autocracias el poder está sustentado en una pequeña coalición, las libertades están muy condicionadas, está  extremadamente limitado el derecho de propiedad como la posibilidad de reemplazar al gobierno por medio de elecciones libres.
Decida usted en qué lugar de esta escala le parece que está ubicada la Argentina.
Mi opinión es los argentinos disentimos profundamente respecto de esto.

Tenemos gobiernos elegidos en elecciones abiertas, sin proscripciones, en forma consecutiva desde hace treinta y cuatro años, donde se han alternado en el poder distintos grupos políticos. Sólo en pocas ocasiones se dan actos de violencia en épocas electorales y el clima en general es pacífico. Sin embargo, la Argentina tiene un sistema de representación amañado, las trampas para trastocar la voluntad de los votantes son pletóricas de creatividad, los electores no conocen más que a los candidatos que encabezan las listas, los partidos políticos han monopolizado la representación política dificultando excesivamente la aparición de nuevos grupos y el estado ha desplegado un riguroso sistema clientelar para asegurarse el voto de las masas. Bajo este régimen, sólo grandes crisis han permitido el arribo al poder de agrupaciones opositoras. Por esta razón es común el fomento de los conflictos de parte de los opositores pues ven en las crisis la vía más sencilla para conquistar el poder.

En la Argentina los derechos de propiedad están severamente lesionados. Tras una fachada de legalidad se ocultan múltiples modalidades para burlar este derecho fundamental, desde leyes demagógicas hasta impuestos expropiatorios, pasando por una dudosa división republicana de poderes que hacen que nadie pueda dar por seguros los bienes que posee, incluida su libertad. La enorme porción de economía "negra" que se mueve en la Argentina sirve tanto de salvoconducto ante las arbitrariedades del poder o como única posibilidad de supervivencia de ciertas actividades como de medio de enriquecimiento ilícito de los políticos y criminales varios, haciéndose difícil distinguir entre honrados y delincuentes.

No debería extrañar a nadie, entonces, que todo en Argentina se caracterice por lo provisorio, "lo atado con alambre" nos define magistralmente. Cualquier ley es provisoria, cualquier posición es provisoria.
Los argentinos actuamos en consecuencia con este principio de provisoriedad, hacemos metrobuses en vez de subterráneos, regalamos subsidios en lugar de educar, pedimos prestado en lugar de ahorrar.

El populismo es la expresión política de lo provisorio, por eso reparte beneficios a diestra y siniestra, aún a sabiendas de que son insostenibles. La arbitrariedad es su principal herramienta pues los derechos son simples privilegios que se pueden perder en cualquier momento.
La noción de orden, como puede suponerse, es inoperante ante la provisoriedad. El orden no tolera que algo pueda estar bien y apenas un instante después estar mal. Tal vez la provisoriedad sea más letal para cualquier noción de orden que su opuesto, el caos. En efecto, el caos es efímero. El ser humano no tolera el caos como no tolera la incertidumbre. Un orden provisorio es sólo un maquillaje, una ilusión, una mera apariencia. En ese contexto, cualquier norma siempre camina por la cornisa.
El orden, como la Justicia, como la autoridad, requieren de estabilidad. Una sucesión de órdenes provisorios no configura una situación de orden.
Cada nuevo gobierno intenta establecer su noción de orden, creyendo que por haber ganado elecciones tiene autoridad para hacerlo. Todos, por otra parte, tenemos la esperanza de que esta vez el cambio sea permanente. Claro, hasta que algo nos disgusta.
Pero el orden no es la causa sino la consecuencia del imperio de la Ley -del Rule of Law-, que no puede ser impuesta por ningún gobierno sino que es fruto del progresivo descubrimiento que las sociedades hacen de conductas que favorecen la convivencia pacífica.
Sin esta base, intentar construir un sistema de legalidad equivale a construir un rascacielos con los cimientos en el barro.
El populismo de la provisoriedad ha naturalizado la extorsión y criminalizado el orden, por eso pequeños grupos organizados medran a costa de la población desorganizada.
Un pequeño grupo de mapuches puede enfrentar a la gendarmería . Una horda de extorsionadores profesionales puede jugar un picado de futbol en el centro de la capital del país e impedir el trabajo de quienes les dan de comer sin que nadie se atreva siquiera a distraerlos de su momento de jolgorio. Un puñado de "prebensarios" puede tener un régimen especial de impuestos para su negocio. Un sindicato puede paralizar al país para conseguir un privilegio para su gremio. Un funcionario de segundo rango puede disponer de las arcas públicas casi para cualquier idea que se le ocurra, desde nombrar parientes a distribuir merchandising.

La semana que pasó, a propósito de la mentada reforma previsional  -que no es ninguna reforma sino apenas una corrección marginal que intenta desacelerar el derrotero hacia el colapso de las cuentas públicas- hemos probado todos los platos del menú:
Comenzando porque el gobierno, antes de enviar su proyecto de reforma al parlamento, donde supuestamente se reúnen los representantes del pueblo, lo negoció con los gobernadores suponiendo que estos influirían en el ánimo de los legisladores -que representan al pueblo de sus provincias y no a sus gobiernos, dicho sea de paso- y con la corporación sindical, a sabiendas de que pueden complicarle la vida cuando se lo propongan por cualquier motivo.
Cuando el gobierno pensaba que había tomado todos los recaudos necesarios para que la reforma se aprobara sin sobresaltos sucedió lo que es regla que suceda en la república de lo provisorio.
La oposición derrotada en las elecciones decidió robarse la pelota e impedir la sesión con diputados transformados en fuerza de choque dentro del Congreso y con agitadores profesionales fuera de él.
El gobierno alertado de la situación desplegó a las fuerzas del orden para, Oh my God!, reprimir el intento. Semejante aquelarre terminó con consecuencias desproporcionadas a la magnitud de los hechos, apenas algunos policías heridos y unos pocos detenidos que a la hora que escribo esto ya estarán cenando pizzas con cerveza en su hogar. Y con  los pobres contribuyentes que viven de sus comercios en la zona con sus establecimientos destruidos.

Ningún agente de cualquier  organismo de seguridad sabe qué consecuencias tendrán sus actos. Puede ser castigado tanto por actuar como por no hacerlo y hasta puede ser premiado si actúa en connivencia con el crimen y exonerado si hace respetar la Ley. En cambio, cualquier criminal sabe que es sencillo quedar impune si pertenece a algún grupo organizado.
Algunos publican notas como esta http://www.perfil.com/columnistas/autoridad.phtml o esta https://www.infobae.com/politica/2017/12/17/un-problema-serio-llamado-patricia-bullrich/, cuestionando la acción del gobierno en la refriega. ¿Acaso había manera de actuar bien? ¿Qué estaríamos diciendo si se les hubiese permitido a los sediciosos tomar la calle?
Resulta gracioso como algunos creen que deben reprimirse los delitos. Les preocupa la "desproporcionalidad" como si no fuera obvio que cualquier fuerza del orden que cumple su deber de hacer cumplir la Ley debe contar con recursos desproporcionados respecto de los de los delincuentes, precisamente para minimizar los daños, porque son delincuentes pero no tontos como para dar batallas que no tienen cómo ganar. Y esa desproporcionalidad de recursos incluye al poder judicial, que debe actuar en forma rápida y expeditiva.
Pero el problema con la represión de los delitos no está en las fuerzas de seguridad sino en que sin Ley no se sabe lo que es delito. Pese a contar con el monopolio de la fuerza el estado argentino ha perdido la autoridad moral para imponer el orden. El relativismo moral impuesto en décadas de populismo ha eliminado de cuajo el principio fundamental de igualdad ante la ley.
Por eso, en los países donde la diferencia es clara, el orden es claro y todos saben lo que se puede y lo que no se puede hacer.
La Argentina, a mi modesto entender, está muy lejos de eso.

sábado, 9 de diciembre de 2017

Pasarla bien.



Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un
hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria
en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del
día hasta el de la noche, toda una vida entera.

JL Borges - Funes, El Memorioso


A qué edad los recuerdos comienzan a pesar en la conciencia?
Es una experiencia subjetiva pero se me hace que eso no pasa antes de los cuarenta años. ¿Será por eso que es común añorar la juventud?
La conciencia es esa cosa que ocupa nuestro presente, nos orienta en el tiempo y en el espacio y organiza nuestra acción. Pero está muy lejos de ser un conjunto de sensores de la realidad. Conviven en el mismo espacio sentimientos, emociones, recuerdos y la información que recibimos de los sentidos. De ese amasijo surge la conciencia.
Los recuerdos tienen que ver con los sucesivos estados de conciencia y se forman desde ellos.
La conciencia nos engaña haciéndonos creer que los recuerdos son las cosas que vivimos en el pasado. Los recuerdos forman lo que queremos ser y lo que queremos ser forma los recuerdos.
Me resulta incómoda la expresión "pasarla bien", sobre todo por lo que tiene de "pasarla".
Pasarla es transitarla sin huellas. Pasarla rehúye el compromiso de estar ahí, consiste en transitar el momento de un modo superficial. Pasarla bien se relaciona con experiencias gastronómicas o sexuales, reacciones de un instinto irreflexivo. También con el consumo irracional y sus respuestas hormonales.
Los momentos de pasarla bien son efímeros, no anclan en experiencias vitales, por eso son adictivos. Necesitamos de ellos uno tras otro. ¿Cuánto de nosotros está ahí cuando compartimos una cena, o realizamos un viaje o compramos un auto nuevo o tomamos una copa de vino?
Pasarla es un intento de anular la conciencia. Y el intento falla siempre. La conciencia nunca está lo suficientemente cansada como para no volver.
La conciencia nos interpela, nos cuestiona, nos confronta con nuestros deseos, nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que hacemos, nos enfrenta al otro, a preguntarnos por sus intenciones, por sus valores, por sus intereses.
La conciencia puede ser agobiante. Pasarla es tratar de anularla, pero lo que realmente la tranquiliza es el olvido. Es más fácil olvidar cuando las experiencias vitales se reconocen. Para olvidar hay que asumir y asumirse. No se puede olvidar cuando se evita.
Claro que la conciencia  no siempre pesa. Tampoco los recuerdos pesan, la mayoría del tiempo enriquecen. Lo vivido condiciona, para bien o para mal, la nueva experiencia. Sería imposible mejorar en todo lo que hacemos si no recordáramos lo hecho.
Vivir la vida es lo opuesto de pasarla, tanto de pasarla bien como de evitar pasarla mal. Vivir la vida es abordarla, disfrutarla, sufrirla, encontrarse con todos los matices que nos ofrece; el amor y el placer, también el odio y el resentimiento, por algo hay más sentimientos innobles que placenteros, haga la lista si no me cree.
Vivir la vida nos enfrenta a la muerte, al momento en el que pasaremos a formar parte de la mayoría, y creo que no querremos sentir en ese definitivo momento de soledad absoluta que sólo lo hemos pasado bien.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

La Solución Final para los Jubilados.

Crónica de la estafa más popular. Por Dardo Gasparré.

https://www.elobservador.com.uy/la-solucion-final-los-jubilados-n1144074

domingo, 19 de noviembre de 2017

Pactos Diabólicos




Resultado de imagen para macri acuerda con gobernadoresFoto web site Urgente 24










“El Estado es libre en cuanto no depende del extranjero, pero el individuo carece de libertad en cuanto depende del Estado de un modo omnímodo y absoluto. El Estado es libre en cuanto absorbe y monopoliza las libertades de todos sus individuos, pero sus individuos no lo son, porque el gobierno les tiene todas sus libertades”.
 Juan Bautista Alberdi.

"Si no estás en la mesa, estás en el menú".
 Willy Kohan.



No tengo por costumbre participar en reuniones con políticos, no obstante, en el otoño de 2015 asistí a una reunión donde se presentaba la actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Entre unas cuarenta personas se presentaba para explicar sus ideas y hacerse conocer entre los ciudadanos de la provincia en la que nunca había participado en política. Creo que ninguno de los que allí estaban pensaba en ese momento que pudiera convertirse unos meses más tarde en la gobernadora del distrito más importante y problemático del país y, menos aún, que a dos años de asumir lideraría el gobierno de la forma en que lo hace.
Aunque también pensaba que era muy improbable que se alzara con el cargo (en ese momento el PRO no era aún parte de Cambiemos y se especulaba que Macri pactaría un acuerdo con Massa y que el candidato a gobernador sería alguien con mayor peso) quise probar sus ideas con una pregunta que me parece esencial frente a cualquier político: 

¿cuánto espacio dejarán para mi libertad?

Planteada en términos que cualquiera de ellos puede entender se traduce en -¿Cuál es la carga fiscal que el PRO considera adecuada?
- No hemos hecho ese cálculo. Respondió.

Y me di cuenta que es una pregunta que nunca había escuchado, no de parte del público sino, lo que es peor, en las reuniones de su partido.
Ese día perdí la esperanza de que el futuro podría cambiar para el país en el sentido que yo esperaba que cambie.

Como muchos, me alegré de que Cambiemos se formara y lo apoyé en las sucesivas elecciones. Porque su gobierno aleja del poder a la asociación ilícita que dejó el gobierno de la Argentina en 2015.

El proyecto de Cambiemos se presentó a cara lavada durante la semana que acaba de terminar.

Como al kirchnerismo, le llevó dos años diseñar su estrategia de poder, que en la jerga de los políticos se llama construir gobernabilidad, y para nosotros, los que no pertenecemos a su casta, interpretamos como la construcción de alianzas con los sectores de la sociedad que le permitirán conseguir las mayorías necesarias para determinar quién sale beneficiado y quién perjudicado por sus intervenciones y cuáles son los espacios de libertad que poseeremos para gozar del fruto de nuestro trabajo y construir nuestro porvenir.

El kircherismo en 2003 no se jactó del default, se ocupó de mostrarse austero y expiar las culpas de la Argentina ante una nueva afrenta al mundo civilizado, se obsesionó por mantener superavits gemelos, abrió las puertas del poder a expresiones del progresismo más allá de los límites del peronismo, prometió un "país con buena gente" para recuperar el apoyo de las conciencias de las clases medias culposas por el 40% de pobres que había en la Argentina, permitió un amplio pluralismo en la prensa y se preocupó por reconstruir el poder de las corporaciones industriales y sindicales. Muy pocos veían en Néstor Kirchner un líder autoritario, pese a sus antecedentes como gobernador de Santa Cruz. Se consideraba parte de la pintoresca picardía criolla su discurso antiimperialista mientras palmeaba la rodilla de George Bush hijo diciéndole que no se preocupara por lo que decía sino por lo que hacía, y que él sabía cómo contener el avance de Hugo Chavez.

Nadie sintió preocupación cuando afirmó que "un poco de inflación no está mal" o cuando en una conferencia de prensa fustigó a un periodista preguntándole para qué medio trabajaba frente a una pregunta inconveniente.

Para 2006, el kirchnerismo había construido su gobernabilidad. Había logrado conquistar "la caja" con la concentración casi completa de los fondos públicos, cumpliendo la sentencia de su líder sobre la relación del dinero con la política y dándole forma a un proyecto de poder ambiciosamente eterno con la sucesivas elecciones entre marido y mujer.

¿Qué hizo la sociedad mientras tanto? Se dedicó a disfrutar del bufffet froid del banquete populista sin echar un vistazo a la cocina donde caminaban las cucarachas, jactándose del asombroso poder de resilencia de nuestra gran nación.

Hay muchos puntos de coincidencia en el arribo al poder entre Néstor Kirchner y Mauricio Macri para el que los quiera ver.

Ambos se presentaron a sus cargos con discursos y gestos conciliatorios, como haría todo político consciente de su situación. Hasta el todopoderoso Perón se puso el traje de león herbívoro cuando le resultó útil.

En la semana que acaba de concluir, Cambiemos, o el macrismo (aún no decido cómo llamar a este gobierno) mostró sus cartas. Mientras dedicó dos años a limpiar el salón y reordenar los muebles luego de la fiesta dionisíaca, sintió que luego del apoyo logrado en las últimas elecciones legislativas su momento había llegado.
Y nos mostró sus pactos. Apuntan a reconstruir la economía de su base de apoyo luego de que el proyecto populista se consumiera todos los stocks, favoreciendo los flujos de fondos para construir una base de riqueza. Pero de ninguna manera las reformas anunciadas devuelven el poder a la sociedad civil, lo que equivaldría a bajar drásticamente el peso del estado en la economía, en su lugar, se propone realizar un reordenamiento de las cargas fiscales promoviendo la rebaja de algunos de los impuestos que gravan la producción para compensar la rebaja con la suba de los que castigan al patrimonio.
Para conseguir el apoyo de los gobernadores opositores se les devuelve parte del manejo de la caja con el acuerdo extrajudicial que implica el retiro de sus demandas ante la justicia.
Se acuerda con las cúpulas sindicales la continuidad de la legislación laboral fascista y la garantía de que sus cajas no serán tocadas.
El cambio gatopardista asegura su aprobación en el congreso sin apuros.
La Justicia nota el corto alcance que tendrá el nuevo orden y se entrega al espectáculo de entregar a los chivos expiatorios a la sociedad, que los espera con ansiedad para redimirse del pecado de haber sucumbido al populismo. Cuesta poco mandar a algunos a la hoguera, sobre todo si lo tienen bien merecido, a cambio de reconciliarse con adversarios, amigos y familiares.

Nos disponemos a darnos un baño, renovar el guardarropa, tomar nuestra mejor lapicera y firmar nuevos pactos diabólicos, convencidos de que es lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias.

Mientras, dejamos nuestros sueños y el futuro de nuestros hijos para más adelante.

viernes, 10 de noviembre de 2017

Por qué no sirve una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para bajar el gasto en salud.



En primer lugar, debemos entender por qué sube el gasto en salud. La respuesta es sencilla: porque se amplía la oferta de bienes y servicios sanitarios, lo que no es malo en sí mismo. También sube el gasto en turismo y a nadie le preocupa.
La particularidad del gasto en salud es que sube más que la capacidad de la demanda que, recordémoslo, consta de dos elementos:  1-necesidad o deseo y 2- capacidad de pago.
Puesto que los humanos no somos ni invulnerables ni inmortales, la necesidad o el deseo de recibir servicios de salud es infinita; por lo tanto es la capacidad de pagar por los servicios lo que limita la capacidad de demanda. Hasta aquí, nada diferente a otros bienes económicos.
La salud es, tal vez, luego de la alimentación y el abrigo, un bien esencial para la humanidad. Por lo tanto, existen situaciones donde el riesgo de perder la vida les otorga un valor que tiende a infinito a los servicios de salud que prometen resolver el problema.
Ante a la incertidumbre de enfermar y por el alto precio de los servicios que pueden resolver situaciones extremas, la respuesta que ha surgido es la acción empresarial de creación de los seguros. O bien porque uno mismo no tiene tanta capacidad de ahorro como para autoasegurarse o bien porque prefiere transferir el riesgo a quienes están dispuestos a asumirlo a cambio de una prima.
Seguros privados, mutuales u obras sociales gremiales han sido respuestas privadas satisfactorias, sometidas a la competencia del mercado. Mientras estos esquemas se mantuvieron libres no se han manifestado los problemas de costos que hoy nos preocupan.
En efecto, la oferta de servicios de salud se hallaba contenida por la capacidad de pago de los consumidores.
Pero esta situación de equilibrio se modificó a partir de la introducción de las regulaciones específicas impuestas al sector.
La primera de ellas, y la de mayor importancia, es la interpretación del derecho a la salud como un derecho positivo, es decir, que obliga a otros a satisfacer las propias necesidades de salud.
De ella se han derivado innumerables regulaciones que obligan a los seguros de salud a cubrir prácticamente todos los servicios ofrecidos, sin tener en cuenta circunstancias como enfermedades existentes previamente a la suscripción de los contratos, o si las prácticas requeridas fueron o no contratadas con el seguro, o si están contempladas en las normas que regulan la canasta de prestaciones.
A todo ello se adiciona la regulación que establece el control de precios sobre los seguros. Y en caso de no existir esta regulación, los precios subirían tanto que dejarían a gran cantidad de pobladores sin esa protección. Situación bien ilustrada en el fracaso del Obamacare.
De este modo, con una demanda asegurada, ha crecido velozmente la oferta de servicios de salud, pues ya no existen los límites que impone la capacidad de pago.
Como puede suponerse, esta situación conduce al quebranto de las organizaciones aseguradoras.

En este escenario surge el planteo de la creación de una Agencia oficial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como un modo de contener la oferta de servicios; por ello se pretende incluir entre sus atribuciones el carácter vinculante de sus fallos frente a las demandas judiciales presentadas por los consumidores de los servicios de salud. Algo que un novel  estudiante de derecho sabe que es inviable.
Cualquier persona que se haya interesado por la actividad de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias sabe de lo compleja que resulta. En efecto, el propósito de las agencias es encontrar evidencia científica sobre la eficacia y la efectividad de los bienes y servicios sanitarios que se utilizan, tarea para la cual se requiere una gran cantidad de recursos para seleccionar a los sujetos de las pruebas, seguir los resultados en el tiempo y contar con pruebas de rigor científico incontestables, provistas por estudios libres de toda sospecha de conflictos de interés con actores interesados en el sistema de salud.
Se encuentra en estas condiciones un pequeño número de islas de evidencia navegando en un océano de intervenciones sanitarias sólo sustentadas en pruebas empíricas obtenidas sin ninguno o sólo con una parte de los requisitos antedichos.
Claro que si sólo estuvieran aceptadas intervenciones que cuentan con la aptitud de prueba de evidencia muchas vidas se habrían perdido o estarían sujetas a condiciones de padecimiento evitables, por lo que resulta inconveniente limitar las prestaciones sanitarias a las que cuenten con evidencia de su eficacia o efectividad.
Además, ¿por qué creer que los evaluadores, por más que no posean conflicto de intereses, serían infalibles? Después de todo, también son seres humanos. Tampoco la verdad científica es una verdad absoluta, como se ocupan de estudiar los epistemólogos de la ciencia.
Ante este escenario, es errado pretender que una sola agencia de evaluación pueda desarrollar semejante tarea y no caer en los defectos de los que todo monopolio adolece.
Por el contrario, si en verdad se quisiera contar con los servicios de las agencias evaluadoras, debería fomentarse la competencia más amplia posible entre ellas. Así, serían los mismos aseguradores que mostrarían como ventaja comparativa para ofrecer a sus clientes su acreditación frente a esas agencias, y los consumidores estarían protegidos y conscientes de los productos que contratan; al menos hasta el grado de perfección que se pueda ir alcanzando y dentro de los límites que la imperfección humana nos impone.
En todo caso, para esto sirven las agencias de evaluación, para intentar acercarse a la verdad científica de las intervenciones sanitarias. De ningún modo su actividad puede ser utilizada como un mecanismo de control de precios de los servicios sin caer en graves equivocaciones o en simples hechos de corrupción.
Entiendo que, a esta altura, he cumplido con la promesa efectuada en el título. Dicho esto, uno puede preguntarse por qué se insiste con esta iniciativa.
En voz baja, se me ocurren dos alternativas. La primera es que se intenta poner un parche a una legislación que en materia de derechos de salud y de regulaciones hace más agua que el Titanic luego del choque con el iceberg y nadie se anima a modificar por la cantidad de voluntades con las que hay que contar para hacerlo.
La otra alternativa, sin excluir la primera, es que se crea con este ente un ámbito de negociación permanente por los multimillonarios fondos de salud entre la corporación sindical y el gobierno.
Y, además, como ocurre con todos los monopolios, algunos medrarán con los negocios que se generen por los resultados de las evaluaciones.