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jueves, 23 de mayo de 2019

Las regulaciones, la enfermedad silenciosa.


La democracia ha devenido en una carrera por la obtención de privilegios.

“Si no estás en la mesa, estás en el menú”. Willy Kohan


Aún son controversiales las teorías sobre el origen del estado. Desde el célebre trabajo de Franz Oppenheimer son muchos los autores que han trabajado sobre la hipótesis de su origen predatorio, opuesto a la teoría contractualista.

Como sea, la primera función del estado moderno es brindar seguridad a los ciudadanos – algo que también los reyes daban a sus súbditos- frente a los ataques externos y frente a ataques internos a la integridad física, con matices, cada vez más atenuados, respecto de la seguridad de la propiedad privada.

El paso de súbditos a ciudadanos libres dado en la modernidad se basa en el principio de que el individuo es propietario de su cuerpo y del fruto de su trabajo, de los que dispone libremente para su intercambio con los demás. Bajo este principio, el estado sólo debe ocuparse de lo que las familias no pueden ocuparse por sí mismas. La consecuencia del respeto del principio de propiedad es la explosión de riqueza que la humanidad y Occidente en particular experimentaron en los últimos doscientos años.

No obstante,  de a poco se ha ido imponiendo la idea de que el estado debe proveer determinados servicios como salud y educación, fundamentados en turbios principios de igualdad y de construcción de nacionalidad, principalmente. 

Por otra parte, no resulta tan sencillo desembarazarse de la estratificación de las sociedades feudales. Las incipientes sociedades liberales y capitalistas incorporan, sobre todo por la vía de las regulaciones, algunos privilegios de casta del antiguo orden.

Cuando la velocidad del progreso y la movilidad social producto de la innovación son tan abrumadoras como lo fueron durante los siglos XVIII y XIX se le da poca importancia a los privilegios de unos pocos, por su escaso peso relativo en la economía. A partir del siglo XX la presión estatal se torna cada vez mayor. La utopía comunista se encarna en algunos países y otros toman varios de sus principios para justificar la intervención de los gobiernos en la vida social.

Amparados en el discurso de la defensa del bien común los gobiernos intervienen de forma cada vez más amplia y contundente, limitando la libertad y los derechos individuales. La creación sin límite de impuestos y sus alícuotas, la intervención sobre la creación del dinero y el abandono del patrón oro son los ejemplos más claros del ataque a la propiedad. Pero esto no puede hacerse sin el respaldo de los sectores más poderosos, pues son estos agentes los que, o bien se transforman en gobernantes, o bien los que brindan el apoyo económico necesario para encaramar a sus representantes en posiciones de gobierno, o bien influyen para obtener beneficios particulares de las regulaciones.

Este proceso transforma la vida social no en una lucha de clases, como sostienen los marxistas, sino en una lucha de castas, como apunta Mises: la de los que viven de su trabajo y las de los que lo parasitan –desde supuestos empresarios que no son capaces de sobrevivir en un ambiente competitivo hasta empleados públicos que pasan su vida laboral sin alcanzar a saber para qué sirve la tarea que realizan-.

Los políticos, para mantener sus ventajas y las de  quienes los sostienen desarrollan la astucia para favorecerse del mecanismo de diluir los costos entre muchos y concentrar los beneficios en unos pocos, enredando en tal maraña a casi toda la sociedad, de modo de que para cada uno sea difícil calcular si entrega más de lo que recibe o viceversa.

La democracia ha devenido en una carrera por la obtención de privilegios. La sociedad prefiere la seguridad de un mendrugo obtenido a costa del esfuerzo ajeno antes que lanzarse a la aventura de conquistar su propio futuro. Pura racionalidad, el costo de rebelarse es infinitamente mayor al de adaptarse al entorno.

Los burdos casos de corrupción por más vergonzantes que sean no constituyen el mal mayor, pues se encuentran al margen de la ley y son eventualmente penados, aunque más no sea, por la condena social. El verdadero daño lo producen las regulaciones, pues se convierten en la garantía de los privilegios. Una vez que un privilegio se convierte en ley, es imposible su derogación.

La creación espuria de dinero y la consecuente inflación, el endeudamiento, la ampliación de los impuestos y sus exenciones, la manipulación de las tasas de interés, la protección de grupos especiales, la legislación laboral, el sistema previsional y las más variadas regulaciones a las que se suma la burocracia que se crea para sostener todo este andamiaje le dan un barniz de legalidad a lo que simplemente es la transformación del ingreso privado productivo en ingreso privado rentístico.

Los pocos economistas que denuncian el nivel insostenible del gasto público son desafiados por los políticos a presentar ideas de cómo reducirlo sin causar el más mínimo malhumor social que haga peligrar su posición.

Tómese el trabajo de revisar todas las normas que existen para la actividad que realiza y notará que inevitablemente benefician a un grupo en particular, como una inmensa muralla infranqueable para quien se atreva a desafiarla, tanto para salir como para entrar.

Quien tenga la idea de crear una empresa pronto sucumbirá ante la presión impositiva que ejercerán sobre su negocio el gobierno municipal, provincial y nacional, los sindicatos y las regulaciones con las que todos ellos se entretienen modificando permanentemente; convirtiendo al audaz en un esclavo de todos ellos.

El resultado de este proceso es una sociedad en decadencia, enemistada por intentar terminar con el privilegio ajeno sin renunciar al propio y condenada a no salir de tal atolladero.

Dijo el historiador Tito Livio,  a propósito de la caída del Imperio Romano: “no podemos soportar ni los vicios, ni sus remedios.”

jueves, 28 de marzo de 2019

¿Estafa o genocidio?


Una de las máximas de la política indica que un político hábil capitalizará para sí todos los aciertos y tratará de traspasar a otros la culpa por sus errores u omisiones, o los convertirá en cómplices.
Si esta consigna se cumple, estamos rodeados de políticos habilidosos.

En junio de 2009 Bernard Madoff fue condenado a 150 años de cárcel por haber estafado a sus clientes por un monto mayor a los 55 mil millones de dólares mediante el método Ponzi.

Sus hijos, que vivieron largo tiempo de la fortuna amasada por su padre no fueron culpados, pero murieron en los años siguientes de forma trágica, uno de ellos se suicidó y el otro murió por leucemia. Pagaron caro el escarnio.

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la población mayor de 60 años entre  2000 y 2050 pasará del 11% a representar casi el 22% a nivel mundial, así para 2050 existirán más de 2000 millones de adultos mayores. También se prevé un aumento de la población mayor dependiente, que se estima se multiplicará por cuatro. Esta situación estará acompañada de más población mayor que demandará una rápida capacidad de respuesta así como mayor atención y cuidado permanentes  dadas sus limitaciones físicas y mentales. Según estimaciones de la CEPAL para el año 2000 la relación de dependencia de adultos mayores ([Población de 60 años y más/ población de 15-59]*100) en América latina era de 13. y para el 2050 se estima que llegue al 39.3.”  (https://blogs.iadb.org/salud/es/servicios-socio-sanitarios/)

Ni los sistemas previsionales ni sanitarios de gran parte de los países de occidente y de la Argentina en particular están preparados para enfrentar este problema que es mucho más inminente que los provocados por el cambio climático.

Los gobiernos ingresaron en una vorágine demagógica que no permite establecer objetivos más allá de las próximas elecciones

Los instrumentos de ahorro son desincentivados a la misma velocidad con la que se elimina la responsabilidad individual por la vida a cambio de una competencia colectivista por privilegios.

No hay argentino vivo que no haya sido estafado por el sistema previsional, sin embargo, son pocos los que piden su cambio. Habrá que concluir que son negadores compulsivos de una realidad que les disgusta o que esperan esquilmar a otros tal como los esquilmaron a ellos, como quien hace circular un billete falso.

En forma paralela al default previsional transita el “default humanitario”. Las familias se desentienden de sus ancianos dependientes para internarlos en residencias o contratan el servicio de cuidadores domiciliarios que ni siquiera quieren pagar, trasladando sus costos a los sistemas privados de salud, conducta que los jueces avalan cotidianamente.

El Estatuto de Roma define como genocidio, entre otras situaciones, a esta:  “ Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Estatuto de Roma, Art 6 inc C); y califica tal conducta como crimen de lesa humanidad.

Tal vez no haya crimen cuando los criminales son más que las víctimas.