“No-Hay-Plata”, es el mantra de los tiempos. Que es
una nueva versión de la máxima de la ciencia económica: Las necesidades son
infinitas y los recursos son escasos y tienen usos alternativos.
Pero menos que plata hay tiempo. Que es el bien más
escaso de todos. Así que telegráficamente resumiré el problema.
Por razones que es inútil presentar parece que estamos
todos convencidos de que la salud es un derecho, y que este derecho es un derecho positivo, es decir, que no sólo
consiste en que hay que evitar dañar la salud de una persona sino que esa
persona tiene derecho a recibir toda la atención que demande para alcanzar su
estado de salud física, mental y social.
Entonces, si hay un derecho a la salud, nadie puede
estar excluido, por lo tanto, hay que garantizar que todos los habitantes
reciban los servicios que necesitan.
Se supone que todos los contribuyentes sostenemos un
sistema de salud estatal para cumplir con este mandato y, como si fuera poco, también
tenemos un sistema de obras sociales financiado con impuestos al trabajo; así
que, si usted es un afortunado trabajador contratado bajo la tutela de la ley,
paga impuestos para sostener el sistema público y paga impuestos para sostener
un sistema privado que compulsivamente debe financiar.
Como estos sistemas no satisfacen la demanda de “derecho
a la salud” en la Argentina se ha creado otro sistema que se conoce como
Medicina Prepaga (acá puede ver lo relacionado con ella https://elpeldanio.blogspot.com/2024/01/el-caso-de-la-medicina-prepaga-un.html)
que es un sistema privado que, en principio, -entendiendo en principio en su
sentido ontológico, como en su sentido cronológico- se basa en lo que se basa
todo sistema privado, en el respeto a la propiedad privada, que es la única que
existe. Bajo este principio hay un intercambio libre entre clientes y
proveedores para contratar los bienes y servicios que se ofrecen y se demandan
para conservar la salud.
Como ignoramos las palabras de Thomas Jefferson de que
“el precio de la libertad es su eterna vigilancia”, alguien no vigiló lo
suficiente y aparecieron grupos de presión a quienes les pareció que mantener
su salud les resultaba excesivamente caro (que lo es, sobre todo si uno quiere
mantenerse joven y sano hasta los cien años y más allá, a pesar de que haga
todo lo posible por arruinar lo que Dios le dio) y entonces se decidió que por
lo que se paga voluntariamente aquellos que ofrecen los servicios deben prestarlos
sin límite recibiendo a cambio la suma que los grupos de presión estén
dispuestos a desembolsar, porque la salud, antes que nada, es un derecho. Así
que, por si no bastaba con haber probado con dos sistemas coercitivos para
alcanzar la salud para todos también transformamos un sistema libre en otro
compulsivo y, por extraño que a cualquiera pueda parecerle, estamos
consiguiendo los mismos resultados.
Y aquí llegamos al verdadero dilema: O pagamos por la salud que queremos o
tendremos la salud que podamos pagar. Resolver el problema es sencillo: se
hace una lista de todos los servicios que queremos recibir, se abre una
licitación para que los oferentes de los servicios pongan los precios a los que
están dispuestos a realizarlos –a menos que a alguien se le ocurra que deban
prestarlos a punta de pistola- y después se hace una simple suma. Con el número
en la mano se le dice a la población cuánto va a tener que poner de su bolsillo
para que el sistema funcione. Algunos podrán pagarlo y otros no, y la
diferencia la va a tener que poner el que pueda pagar (si es que se puede
lograr que no huya). Puede que a algunos esta idea les parezca absurda, pero es
la única que tengo para hacer realidad el Derecho a la Salud sin que sigamos
perdiendo el tiempo en discusiones estériles, porque el tiempo es el recurso
más escaso.
La alternativa es revisar la idea de que la salud es un derecho.
