Por qué no sirve una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para bajar el gasto en salud.

En primer lugar, debemos entender por qué sube el gasto en salud. La respuesta es sencilla: porque se amplía la oferta de bienes y servicios sanitarios, lo que no es malo en sí mismo. También sube el gasto en turismo y a nadie le preocupa.

La particularidad del gasto en salud es que sube más que la capacidad de la demanda que, recordémoslo, consta de dos elementos:  1-necesidad o deseo y 2- capacidad de pago.

Puesto que los humanos no somos ni invulnerables ni inmortales, la necesidad o el deseo de recibir servicios de salud es infinita; por lo tanto es la capacidad de pagar por los servicios lo que limita la capacidad de demanda. Hasta aquí, nada diferente a otros bienes económicos.

La salud es, tal vez, luego de la alimentación y el abrigo, un bien esencial para la humanidad. Por lo tanto, existen situaciones donde el riesgo de perder la vida les otorga un valor que tiende a infinito a los servicios de salud que prometen resolver el problema.

Ante a la incertidumbre de enfermar y por el alto precio de los servicios que pueden resolver situaciones extremas, la respuesta que ha surgido es la acción empresarial de creación de los seguros. O bien porque uno mismo no tiene tanta capacidad de ahorro como para autoasegurarse o bien porque prefiere transferir el riesgo a quienes están dispuestos a asumirlo a cambio de una prima.

Seguros privados, mutuales u obras sociales gremiales han sido respuestas privadas satisfactorias, sometidas a la competencia del mercado. Mientras estos esquemas se mantuvieron libres no se han manifestado los problemas de costos que hoy nos preocupan.

En efecto, la oferta de servicios de salud se hallaba contenida por la capacidad de pago de los consumidores.

Pero esta situación de equilibrio se modificó a partir de la introducción de las regulaciones específicas impuestas al sector.

La primera de ellas, y la de mayor importancia, es la interpretación del derecho a la salud como un derecho positivo, es decir, que obliga a otros a satisfacer las propias necesidades de salud.

De ella se han derivado innumerables regulaciones que obligan a los seguros de salud a cubrir prácticamente todos los servicios ofrecidos, sin tener en cuenta circunstancias como enfermedades existentes previamente a la suscripción de los contratos, o si las prácticas requeridas fueron o no contratadas con el seguro, o si están contempladas en las normas que regulan la canasta de prestaciones.

A todo ello se adiciona la regulación que establece el control de precios sobre los seguros. Y en caso de no existir esta regulación, los precios subirían tanto que dejarían a gran cantidad de pobladores sin esa protección. Situación bien ilustrada en el fracaso del Obamacare.

De este modo, con una demanda asegurada, ha crecido velozmente la oferta de servicios de salud, pues ya no existen los límites que impone la capacidad de pago.

Como puede suponerse, esta situación conduce al quebranto de las organizaciones aseguradoras.

En este escenario surge el planteo de la creación de una Agencia oficial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como un modo de contener la oferta de servicios; por ello se pretende incluir entre sus atribuciones el carácter vinculante de sus fallos frente a las demandas judiciales presentadas por los consumidores de los servicios de salud. Algo que un novel  estudiante de derecho sabe que es inviable.

Cualquier persona que se haya interesado por la actividad de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias sabe de lo compleja que resulta. En efecto, el propósito de las agencias es encontrar evidencia científica sobre la eficacia y la efectividad de los bienes y servicios sanitarios que se utilizan, tarea para la cual se requiere una gran cantidad de recursos para seleccionar a los sujetos de las pruebas, seguir los resultados en el tiempo y contar con pruebas de rigor científico incontestables, provistas por estudios libres de toda sospecha de conflictos de interés con actores interesados en el sistema de salud.

Se encuentra en estas condiciones un pequeño número de islas de evidencia navegando en un océano de intervenciones sanitarias sólo sustentadas en pruebas empíricas obtenidas sin ninguno o sólo con una parte de los requisitos antedichos.

Claro que si sólo estuvieran aceptadas intervenciones que cuentan con la aptitud de prueba de evidencia muchas vidas se habrían perdido o estarían sujetas a condiciones de padecimiento evitables, por lo que resulta inconveniente limitar las prestaciones sanitarias a las que cuenten con evidencia de su eficacia o efectividad.

Además, ¿por qué creer que los evaluadores, por más que no posean conflicto de intereses, serían infalibles? Después de todo, también son seres humanos. Tampoco la verdad científica es una verdad absoluta, como se ocupan de estudiar los epistemólogos de la ciencia.

Ante este escenario, es errado pretender que una sola agencia de evaluación pueda desarrollar semejante tarea y no caer en los defectos de los que todo monopolio adolece.

Por el contrario, si en verdad se quisiera contar con los servicios de las agencias evaluadoras, debería fomentarse la competencia más amplia posible entre ellas. Así, serían los mismos aseguradores que mostrarían como ventaja comparativa para ofrecer a sus clientes su acreditación frente a esas agencias, y los consumidores estarían protegidos y conscientes de los productos que contratan; al menos hasta el grado de perfección que se pueda ir alcanzando y dentro de los límites que la imperfección humana nos impone.

En todo caso, para esto sirven las agencias de evaluación, para intentar acercarse a la verdad científica de las intervenciones sanitarias. De ningún modo su actividad puede ser utilizada como un mecanismo de control de precios de los servicios sin caer en graves equivocaciones o en simples hechos de corrupción.

Entiendo que, a esta altura, he cumplido con la promesa efectuada en el título. Dicho esto, uno puede preguntarse por qué se insiste con esta iniciativa.

En voz baja, se me ocurren dos alternativas. La primera es que se intenta poner un parche a una legislación que en materia de derechos de salud y de regulaciones hace más agua que el Titanic luego del choque con el iceberg y nadie se anima a modificar por la cantidad de voluntades con las que hay que contar para hacerlo.

La otra alternativa, sin excluir la primera, es que se crea con este ente un ámbito de negociación permanente por los multimillonarios fondos de salud entre la corporación sindical y el gobierno.

Y, además, como ocurre con todos los monopolios, algunos medrarán con los negocios que se generen por los resultados de las evaluaciones.